El endeudamiento se convirtió en una de las principales estrategias de los trabajadores estatales para afrontar la pérdida de poder adquisitivo: una encuesta nacional de ATE reveló que el 87% mantiene deudas vigentes y que, en muchos casos, el crédito ya se utiliza para cubrir gastos básicos, mientras crecen el doble empleo y los problemas de salud mental.
Una encuesta nacional realizada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) reveló un fuerte nivel de endeudamiento entre los empleados públicos y un marcado deterioro de sus condiciones de vida. Según el relevamiento, el 87% tiene deudas vigentes y casi tres de cada cuatro de ellos mantiene obligaciones con múltiples entidades.
El estudio, realizado entre trabajadores estatales de todo el país, expuso que el endeudamiento dejó de estar asociado principalmente a proyectos o inversiones y pasó a convertirse, para una parte importante de los empleados públicos, en una herramienta para afrontar gastos cotidianos y necesidades básicas.
Del total de personas consultadas, el 40% señaló que utiliza el crédito para cubrir urgencias médicas, gastos vinculados a la educación y el pago de alquileres o expensas. Otro 37% afirmó que recurre a la deuda para cancelar compromisos financieros anteriores, comprar alimentos y adquirir ropa.
“El Gobierno nacional es el único responsable”
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, sostuvo que los resultados del relevamiento son “categóricos” y cuestionó las políticas salariales y económicas del Gobierno nacional. “El alto nivel de endeudamiento le precariza la vida y enferma a los trabajadores. El Gobierno nacional es el único responsable porque se está tomando deuda para tapar la caída del salario real”, afirmó.
Según el dirigente sindical, las restricciones salariales llevaron a que el crédito ocupe el lugar que anteriormente tenía el ingreso disponible. “Con techos a las paritarias y negociaciones a la baja, el crédito reemplaza al salario real. Antes la deuda era un mecanismo de inversión, ahora es para sobrevivir”, señaló.
Aguiar también advirtió sobre las condiciones en las que se toman esos préstamos. “Hoy existe un endeudamiento permanente para cubrir necesidades básicas y no para invertir”, sostuvo, y agregó que “más de la mitad de quienes toman deuda no conoce la tasa de interés”.
En ese sentido, responsabilizó al Estado por el escenario financiero que atraviesan los trabajadores. “El Estado es el verdadero responsable porque ataca al poder adquisitivo y luego ofrece deuda como solución. El Estado es quien facilita los créditos, en vez de atacar la inflación y los precios”, afirmó. Para el titular de ATE, la desregulación financiera derivó en “una absoluta falta de control sobre la usura”.
Consecuencias sobre la economía en general
El relevamiento también puso el foco en las consecuencias que el endeudamiento tiene sobre la economía en general. Aguiar consideró que el proceso “frena la economía” porque los trabajadores destinan una parte creciente de sus ingresos al pago de cuotas y reducen el consumo en otros sectores.
“Los recursos que se están transfiriendo de los bolsillos de los trabajadores a los bancos, a las financieras y a las tarjetas de crédito son multimillonarios. Cada cuota que se paga deja de ir al consumo o para sostener la salud y la educación”, planteó.
La encuesta también mostró que una proporción significativa de los estatales necesita más de un empleo para sostener sus ingresos. El 55,4% de los consultados aseguró tener dos o más trabajos, ya sea para complementar su salario o para alcanzar una mayor estabilidad económica.
Dentro de ese grupo, el 56% son mujeres y, de ellas, el 34% afirmó trabajar entre ocho y doce horas diarias para poder afrontar los gastos del hogar. Los datos reflejan, de acuerdo con ATE, una creciente extensión de la jornada laboral como respuesta a la pérdida de poder adquisitivo.
El impacto no se limitaría a las finanzas y al ámbito laboral. El 85,4% de los trabajadores estatales encuestados aseguró haber experimentado un deterioro en su bienestar emocional y psicológico durante el último año. Entre las principales dificultades mencionadas aparecen la ansiedad, señalada por el 19,5%; la angustia y el agotamiento, por el 17%; el desánimo, por el 16%; y el insomnio, por el 15%.
La situación también tendría consecuencias sobre la participación social y política. El 43% de los consultados afirmó haber dejado de participar en actividades políticas debido al cansancio físico y mental, la falta de tiempo o las dificultades económicas.
Para Aguiar, esta consecuencia constituye uno de los aspectos menos visibles del proceso de endeudamiento. “El endeudamiento también genera algo que pocos están advirtiendo y es la baja en la participación política, en la militancia colectiva. No es casual que eso beneficie al Gobierno”, afirmó. Y agregó: “No podemos aceptar una clase trabajadora con ansiedad, angustia y desánimo”.
Estrategias para no agravar el endeudamiento
El relevamiento también consultó a los trabajadores sobre las estrategias que adoptaron para evitar profundizar su nivel de endeudamiento. La principal fue reducir actividades recreativas, como talleres, cursos y salidas, una medida mencionada por el 39,22% de los encuestados.
En segundo lugar apareció la búsqueda más intensiva de precios y promociones, con el 29,57%, mientras que el 22,91% señaló que comenzó a asumir tareas que anteriormente delegaba, entre ellas la limpieza del hogar, como una forma de reducir gastos.
La muestra estuvo integrada principalmente por trabajadores del Estado Nacional, que representaron el 47,8% de los participantes, y del Estado Provincial, con el 41,7%. También participaron empleados del Estado Municipal (5,8%), de empresas estatales (2%) y de otros ámbitos (2,7%). La edad promedio de las personas encuestadas fue de 45 años.
Los resultados trazan así un panorama en el que el endeudamiento aparece vinculado no solo con la pérdida de poder adquisitivo, sino también con cambios en los hábitos de consumo, extensión de las jornadas laborales, reducción de actividades recreativas y un deterioro significativo del bienestar emocional. Para ATE, el fenómeno constituye una señal de alarma sobre las condiciones de vida de los trabajadores estatales y sobre el impacto que la pérdida del salario real tiene más allá del ámbito estrictamente económico.