La justicia federal investiga un posible robo de información sensible en oficinas del Consejo de la Magistratura, luego de detectar más de veinte sobres con declaraciones juradas de jueces y secretarios abiertos en una dependencia de ese organismo, informaron fuentes judiciales.
La pesquisa se inició a partir de una denuncia presentada por el propio organismo después de que una empleada informara que, al volver a trabajar luego de un fin de semana largo, encontró que su escritorio no estaba en las mismas condiciones en las que lo había dejado.
La investigación judicial está en manos del juez federal Daniel Rafecas y del fiscal Ramiro González, quienes recibieron un informe del Consejo de la Magistratura al que le habían solicitado que detallara si se había detectado algún faltante de documentación o si encontraron cerraduras forzadas, entre otras cosas.
El hecho se produjo en la oficina de Declaraciones Juradas del Consejo de la Magistratura, en el edificio ubicado en Sarmiento 877 de la ciudad de Buenos Aires, y fue denunciado el 21 de junio pasado, según pudo reconstruir
Esa mañana, tras un fin de semana largo, una empleada del área de Declaraciones Patrimoniales llegó a trabajar y encontró abierta una puerta que debía estar cerrada con llave y mal trabadas otras. La empleada denunció además que su escritorio no estaba en las mismas condiciones en las que lo había dejado.
Las fuentes dijeron que, según se determinó inicialmente «no hubo daños ni sustracción ni faltantes, pero se registraron 24 sobres de declaraciones juradas abiertos (sobre unos 11.000), pertenecientes a jueces y secretarios». Además, advirtieron que cuando ocurrió el episodio «las cámaras de seguridad no estaban en funcionamiento».
En rigor, y ante la aparente ausencia inicial de daños o hurto de documentación, se tratará de determinar si se robó información de esos sobres, ya que contienen información privada sobre los magistrados. Los investigadores tampoco descartan que, en caso de confirmarse esta posibilidad, ese material pueda ser usado para intimidar o extorsionar a los damnificados.
El expediente sería delegado en el fiscal González, para que avance con las medidas de prueba tendientes a esclarecer el hecho.
Fuente telam