Reunidos en acuerdo virtual, los seis magistrados miembros de la comisión ejecutiva, evaluaron que el proyecto de reforma del Poder Ejecutivo «constituye una oportunidad para que el aporte de todos los actores involucrados en el sistema de justicia muestre que el consenso puede sacar lo mejor de los argentinos».
«Esta junta coincide en la necesidad de modernizar la justicia federal, así como también en el avance hacia un sistema acusatorio», definieron luego.
No obstante, señalaron también que «poco es lo que define (el proyecto) en relación con los órganos que hoy tienen a su cargo el juzgamiento de los delitos comunes en esta ciudad, los magistrados y magistradas que hoy los ocupan, y la suerte de los procesos bajo su jurisdicción».
«Sólo establece -continuaron los magistrados- la abstención del Consejo de la Magistratura para cubrir las nuevas vacantes que se produzcan en los tribunales orales nacionales y la indicación para que, previa autorización de la Corte Suprema, los que se encuentren vacantes a la sanción de la ley o cuya vacancia se produzca después, sean retirados del sistema de asignación de causas».
Los jueces remarcaron a este respecto que si bien es cierto que la ley prevé un lapso de cuatro meses para que los magistrados trasladados firmen el consentimiento, nada dice sobre el destino de quienes no acepten el traslado al Poder Judicial de la Ciudad.
«El proyecto, al no contemplar ningún procedimiento para el momento en que las competencias penales sean transferidas en su totalidad a la CABA, provoca que un número de jueces y juezas de la Nación, ya con la sanción misma de la ley, se verán instantáneamente sumergidos en una situación de completa incertidumbre, una vez que agoten su cometido en relación con los procesos en trámite».
Los jueces ven en este vacío legislativo una afectación directa a la «estabilidad que debe garantizarse a los magistrados y magistradas», en el cumplimiento de sus funciones.
Respecto de los cambios en la justicia federal, apuntaron que no debe limitarse a la «sumatoria de dependencias jurisdiccionales, y/o en la supresión de otras», sino en un enfoque amplio sobre los nuevos desafíos de la criminalidad organizada y el alcance de la competencia federal, tanto en lo territorial como en lo material.
Estas consideraciones sobre el proyecto de reforma judicial fueron firmadas por los jueces Gabriel Vega, Adrián Pérez Lance, Hugo Cataldi, Sergio Paduczak, Federico Salvá y Luis Altieri.
Fuente: Telam