Los atentados de 11-S trazaron una línea divisoria entre una época en retirada y otra con parámetros y lógicas radicalmente diferentes porque la denominada «guerra contra el terrorismo» modificó el escenario geopolítico e impuso nuevas ideas de «seguridad», con costos en derechos humanos y libertades civiles, configurando un escenario en el que la privacidad fue la gran perdedora.
Si bien la vigilancia masiva ya era un tema de debate creciente años antes -en octubre de 1999 la cadena pública británica BBC había informado sobre la red secreta de espionaje internacional Echelon-, un mes después del 11-S el Congreso estadounidense promulgó la ley Patriota, que autorizó la vigilancia electrónica sobre sospechosos de «terrorismo» sin orden judicial, así como investigar sus negocios y relaciones personales hasta el sexto grado de contacto.
Esta ley, aprobada por el Congreso estadounidense, habilitó un escenario favorable al establecimiento de un estado de excepción permanente, que de modo gradual instauró prácticas que limitaron derechos y garantías constitucionales en el mundo entero, e impuso como «naturales» escenarios de ilegalidad y de «excepcionalidad».
Un mes después del 11-S el Congreso estadounidense promulgó la ley Patriota, que autorizó la vigilancia electrónica sobre sospechosos de «terrorismo» sin orden judicial
De este modo, sobre la base de la «amenaza terrorista» que se cernía sobre el mundo, Washington justificó la guerra preventiva, de las cuales Afganistán e Irak fueron solo los ejemplos más notorios.
En 2013, más de una década después, el excontratista de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) y la CIA, Edward Snowden, filtró miles de documentos clasificados que pusieron al descubierto cómo evolucionó esta potestad casi sin límites entregada a los servicios de inteligencia, y como se transformó en una compleja red de colaboración entre decenas de organismos de inteligencia de varios países, bajo cuyo funcionamiento se expandió y consolidó una vigilancia globalizada sin ningún control democrático.
Las filtraciones de Snowden demostraron que Washington autorizó a sus agencias de seguridad a vigilar el uso del teléfono e internet en 193 países del mundo y que éstas recogían y analizaban diariamente 5.000 millones de registros de ubicación de teléfonos móviles y 42.000 millones de registros de internet -incluidos correos electrónicos e historiales de navegación- al mes.
En su libro «Vigilancia Permanente», el propio Snowden cuenta sobre las consideraciones morales y éticas que lo empujaron a recopilar miles de documentos que demostraron «la actividad ilegal del Gobierno estadounidense», para entregárselo a periodistas que los analizaron e hicieron públicos «ante un mundo escandalizado».
En su libro «Vigilancia Permanente», el propio Snowden cuenta sobre las consideraciones morales y éticas que lo empujaron a recopilar miles de documentos.
Un proceso «en marcha desde antes»
Si bien la ley Patriota y la llamada guerra contra el terrorismo marcaron un hito en el fenómeno de la hipervigilancia, se trata de un proceso que «ya estaba en marcha desde antes», explicó Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre, que defiende derechos fundamentales en entornos mediados por tecnologías de información y comunicación.
«Es muy interesante empezar a trazar este problema con la cuestión económica, con el rol de los Estados Unidos y el complejo industrial norteamericano, sobre todo el complejo industrial-militar, y el juego geopolítico de la implementación de la doctrina seguridad», explicó en charla con Télam.
Beatriz Busaniche, licenciada en Comunicación Social y magíster en Propiedad Intelectual.
Según Busaniche, una licenciada en Comunicación Social y magíster en Propiedad Intelectual, la «guerra contra el terrorismo» que declaró Estados Unidos constituyó un hito de un proceso de larga construcción del «otro peligroso» y del miedo al interior de las sociedades.
Esta construcción -explicó-, permitió que «una sociedad con una larguísima tradición de defensa de libertades civiles como la estadounidense permitiera la implementación de una ley tan abusiva en términos de invasión de las libertades civiles y los derechos fundamentales».
Aceptar estos mecanismos era parte del «deber» de ciudadanos que «no tienen nada que ocultar», lo que fue configurando una sociedad hipervigilada, funcional a la etapa actual del capitalismo.
Y en esta nueva doctrina de vigilancia permanente, para Busaniche, «emerge un actor nuevo, que tiene que ver con las grandes empresas de tecnología de la información, con su base fundamental en Estados Unidos, Google, Amazon, Apple, Facebook, etc.»
El modelo de negocio de estas megaempresas se nutre de esa experiencia de vigilancia masiva.
«La recolección permanente, no solo de datos, sino también de patrones de conducta, de lectura, de comportamiento y de gustos, permite de forma más o menos precisa prever hacia dónde va la voluntad de las personas, sus gustos, sus consumos y por supuesto también tendencias políticas», detalló la experta.
Luego destacó que la gama de alternativas que esa información hace posible explotar, entre ellas la de orientar hacia un lado u otro las líneas preferencias políticas, es algo que «aunque suena bastante futurista, corresponde al modelo de negocios del capitalismo del siglo XXI, que es qué es el capitalismo de vigilancia».
Los datos, la información y específicamente la prospectiva qué se puede hacer con esa información constituyen uno de los elementos centrales del capital.
Muchos organismos de derechos humanos y defensoras de las libertades civiles vienen denunciando hace años cómo en esta tensión entre seguridad y privacidad, la balanza siempre se inclinó hacia la primera, lo que implicó una sustantiva pérdida de derechos civiles.
La defensa del derecho a la privacidad, de las víctimas del espionaje a los antivacunas
Paradójicamente, en los últimos años, la misma defensa del derecho a la privacidad que se volvió protagonista del espionaje masivo desatado por la «guerra contra el terrorismo» lanzado por Washington se volvió en muchos casos una justificación para quienes se niegan a sumarse a medidas de cuidado, como es el caso de los movimientos antivacunas, en el marco de la pandemia de coronavirus, reflexionó en charla con Télam Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre.
«La privacidad en tanto derecho individual sirve para la creación de sujetos autónomos y el desarrollo de la personalidad por fuera del escrutinio público y el mandato de lo normado y decidir tus propias trayectorias en términos de género o religiosos», argumentó la experta que defiende derechos fundamentales en entornos mediados por tecnologías de información y comunicación.
Pero también tiene un rol social, enfatizó y graficó que no somos los mismos en cada instancia y situación de nuestras vidas y en cada relación con nuestros pares, donde desplegamos «diferentes gradaciones de privacidad y decidimos qué exponer, qué compartir y qué mostrar».
La «mezcla infame» que propician las redes en las que unimos diferentes planos de relaciones -padres, jefes, hijos, etc- y diferentes niveles de privacidad, lo que impone una sola identidad, debilita nuestra capacidad de construir consensos», sentenció y concluyó: «Es fundamental entender que la privacidad es un derecho colectivo».
Fuente: Telam