El fiscal federal sumó a tres sociedades de Rockhopper y a Navitas Petroleum en la causa por exploración ilegal de hidrocarburos. Solicitó exhortos al Reino Unido y a Israel para determinar si las firmas tienen vínculos comerciales con intereses británicos.
El fiscal federal Carlos Stornelli dio un paso clave en la causa que investiga la exploración ilegal de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, cerca de las Islas Malvinas. El funcionario judicial amplió la acusación e incorporó formalmente a la firma Rockhopper Exploration PLC, a sus subsidiarias Rockhopper Exploration (Oil) Limited y Rockhopper Exploration (Hydrocarbons) Limited, y a Navitas Petroleum Development and Production Limited. Estas compañías se sumaron a Desire Petroleum Limited, empresa que ya se encontraba imputada desde el inicio del expediente judicial.
La investigación penal, que se encuentra a cargo del Juzgado Federal N° 11 subrogado por el juez Ariel Lijo, se originó a partir de una denuncia que presentó el canciller Pablo Quirno. La presentación judicial apunta de forma directa contra las compañías petroleras, sus sociedades vinculadas y los directivos o representantes legales que intervinieron en las maniobras comerciales no autorizadas por el Estado nacional.
En su requerimiento de instrucción, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró necesario profundizar la investigación sobre el entramado societario de las firmas extranjeras. Para lograrlo, Stornelli solicitó el envío de exhortos diplomáticos al Reino Unido y a Israel con un objetivo claro: obtener la composición societaria de las empresas y verificar si existen vínculos comerciales activos con intereses británicos en la zona en disputa.
Las penas previstas por la legislación nacional
La hipótesis que maneja la fiscalía sostiene que las empresas continuaron con las tareas de exploración y explotación de recursos naturales en el mar territorial argentino a pesar de las inhabilitaciones administrativas vigentes. Al respecto, Stornelli detalló en su dictamen que las maniobras bajo la lupa judicial encuadran en la legislación penal de soberanía energética: “Las conductas denunciadas podrían resultar constitutivas, prima facie, de los delitos reprimidos y contemplados en el artículo 7, incs. 1 y 2 y bajo las circunstancias contempladas en los arts. 8 y 9, de la Ley 26.659”.
La mencionada ley nacional establece severas penas de prisión y sanciones económicas para quienes realicen actividades petroleras en la plataforma continental sin el aval de la Secretaría de Energía de la Nación. Para el caso de la exploración no autorizada, la normativa prevé penas de cinco a diez años de prisión, además de multas equivalentes al valor de entre 20.000 y 100.000 barriles de crudo WTI e inhabilitación comercial por el doble del tiempo de la condena.
Por otra parte, la escala penal se eleva significativamente para quienes realicen tareas de extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos en las áreas marítimas próximas a las islas. En estos supuestos, la legislación argentina contempla penas de 10 a 15 años de prisión y multas que oscilan entre los 150.000 y el 1.500.000 barriles de crudo de referencia internacional.
Delitos ambientales y lavado de activos
La acusación del fiscal federal no se limita únicamente a la infracción a la ley de hidrocarburos. En su presentación ante el juzgado, Stornelli advirtió sobre la posibilidad de que las petroleras hayan incurrido en otras figuras delictivas graves durante el desarrollo de sus operaciones logísticas y financieras en el Atlántico Sur.
El fiscal argumentó que en la causa tampoco se puede descartar “la eventual configuración de otros tipos penales tales como delitos contra el medio ambiente (Ley 24.051), posibles infracciones aduaneras como así el posible lavado de activos procedentes de las actividades denunciadas, entre otros probables”.
La ofensiva judicial se enmarca en la estrategia que anticipó el presidente Javier Milei durante la cadena nacional del pasado 3 de septiembre, oportunidad en la que anunció una serie de medidas diplomáticas, económicas y legales para defender la soberanía argentina sobre el archipiélago. En tanto, la diplomacia británica reaccionó ante el avance de la causa judicial y calificó de “inaceptables” las sanciones que impulsa la justicia argentina contra las compañías que operan bajo licencias otorgadas de manera ilegal por las autoridades coloniales de las islas