“Lamentablemente no estamos entendiendo el grave peligro al que estamos expuestos como ciudad; los servicios sanitarios ya no dan más, habrá que evaluar tomar decisiones, por más duras que sean”, advirtió el alcalde de Quito, Jorge Yunda, en su Twitter, el sábado por la noche.
Desde mediados de mes, y mientras enfrentaba una ola de denuncias de corrupción, algunas vinculadas a la compra de recursos para enfrentar la pandemia, Yunda venía advirtiendo que la decisión de pasar de rojo a amarillo en el semáforo epidemiológico, a principio de junio, estaba provocando un aumento acelerado de contagios y, especialmente, de internaciones en terapia intensiva.
Hoy, Yunda anunció que, en acuerdo con el gobierno nacional, se decidió «aplicar un aumento de controles en el Centro Histórico» y en los barrios con más casos. Además, agregó, «se estará coordinando con las autoridades nacionales para tomar medidas de restricción que vayan en función de evitar las aglomeraciones», según reprodujo el diario local El Comercio.
Pero una vez más y tras el pronostico del FMI de que la economía se contraerá en más de un 6% del PBI este año, el gobierno nacional marcó su posición y desnudó el cortocircuito con el municipio.
La ministra de Gobierno, María Paula Romo, aclaró que no tomaron ninguna medida nueva y solo se fortalecieron los controles ya existentes, y el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, volvió a desmentir que el sistema de salud esté colapsado.
«Esto es lo que se llama la vigilancia activa, la responsabilidad de no contagiar a los vecinos es donde podemos contener esta pandemia; no esperen, vayan, hay suficiente personal y adecuado número de camas y unidades de cuidados intensivos que estamos preparando», aseguró hoy Zevallos ante la prensa.
El gobierno nacional ya había denegado los cuatro pedidos que hizo Yunda ante el aumento de internaciones y contagios: postergar la vuelta al trabajo de empleados públicos y la reactivación del transporte entre provincias, ampliar el toque de queda de 18 a 5 de la mañana y prohibir el consumo y la venta de alcohol.
El toque de queda sigue comenzando a las 21, el transporte interprovincial retornará el miércoles, un cuarto de los empleados del gobierno nacional -más de 31.000 personas solo en Quito- volvieron a trabajar hoy y la ley seca no empezó ni a discutirse.
«En Guayaquil, la crisis fue un tanto sorpresiva; el país no estaba preparado para una situación así y Guayaquil -y las provincias de la costa en general- no pudieron enfrentar la llegada de la pandemia; en Quito no fue así, se manejó relativamente bien el principio de la pandemia, pero con la flexibilización de algunas medidas la gente entendió que la situación estaba más o menos bajo control», explicó a Télam el sociólogo Juan Cuvi, director de la Fundación Donum, una institución que investiga cuestiones sanitarias.
«Dos semanas después del paso a amarillo en el semáforo, empezó a verse que los casos aumentaban, pero el gobierno decide que los funcionarios públicos nacionales vuelvan a trabajar, pese a que el alcalde plantea que no, que hay que tomar medidas más estrictas. Hay una contradicción política, una pugna», agregó.
Para el Defensor del Pueblo, Freddy Carrión Intriago, el gobierno nacional avanzó y sigue avanzando con la reapertura en Quito porque se basa en «subregistros de contagios y muertos» y se niega a «transparentar la información», pese a sus reiterados pedidos públicos.
Por ejemplo, hay más de 10.000 muertes que el gobierno nacional no registra porque sucedieron en los primeros momentos de la pandemia -segunda mitad de marzo y primera de abril- en Guayaquil cuando no tenían los medios para confirmar que los fallecidos habían estado infectados.
Además, el gobierno nacional solo realizó hasta ahora 146.000 pruebas, unas 200.000 menos que en Argentina, pese a que Ecuador tuvo uno de los peores brotes de coronavirus muy temprano en marzo y abril en Guayaquil.
Ecuador suma un total de 55.665 casos, más de 4.000 menos que la Argentina, pese a que oficialmente registra más de 7.500 muertos y extraoficialmente entre 17.500 y 20.000, en comparación a los 1.245 fallecidos de la Argentina.
«No tengo duda de que hay un subregistro de contagiados porque se realizan pocas pruebas y sobre este dato oficial se toman las decisiones de pasar de rojo a amarillo y hasta a verde en algunas ciudades; pero cuando la información no es transparente, la mejor forma de comparar el estado de las ciudades en la pandemia es mirando a los hospitales, y en Quito, los hospitales están colapsados», sentenció Carrión Intriago en diálogo con Télam.
Según el Defensor del Pueblo, ya existe una lista de espera para derivar a pacientes a otras provincias.
El sociólogo Cuvi también confirma el colapso del sistema hospitalario en Quito, pero destacó que, a diferencia de la crisis que se vivió en Guayaquil, todavía no se integró al sector privado a los esfuerzos contra la pandemia.
«En Guayaquil en un momento todo estaba colapsado: hospitales y clínicas privados; en Quito esto aún no pasó y eso es algo positivo porque permitiría sumar camas; también es cierto que el sector privado va a querer volver a hacer negocios con ello; en Guayaquil hubo clínicas que cobraron hasta 150.000 dólares por paciente de coronavirus al Estado», aseguró Cuvi.
Tanto Carrión Intriago como Cuvi temen que las nuevas reaperturas empeoren la situación epidemiológica en Quito.
«La semana pasada ya no había capacidad en los servicios públicos para mantener la distancia social con el número de personas autorizadas para transitar. ¿Qué va a pasar con los empleados públicos que volvieron hoy a trabajar», se preguntó Cuvi.
«El gobierno nacional prioriza la actividad productiva por encima del derecho a la salud y la vida. Las cámaras empresariales presionan y el gobierno dice que el país no se puede paralizar, dice que la responsabilidad es de cada uno de los ciudadanos. Pero no habrá país para sacar adelante si la población se enferma y se siguen colapsando los hospitales», advirtió Carrión Intriago.
Fuente: Telam