Un frente de aproximadamente 50 organizaciones sindicales liderado por Luis Barrionuevo y con el aval del Sindicato de Comercio presentará en las próximas horas una demanda judicial contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, al tiempo que exigirá la inmediata restitución de 688 mil millones de pesos retenidos que corresponden al sistema de obras sociales para hacer frente a una crisis financiera de carácter sistémico e inminente.
El conflicto entre el sector sindical y el Poder Ejecutivo por el financiamiento del sistema de salud entrará en una instancia judicial decisiva. Un conjunto integrado por unos 50 sindicatos, bajo la conducción del titular de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), Luis Barrionuevo, acudirá en las próximas horas a los tribunales para denunciar penalmente al ministro de Economía, Luis Caputo, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y demandar la liberación de 688 mil millones de pesos que se encuentran retenidos en la órbita estatal.
De acuerdo con el borrador elaborado por el equipo de letrados gremiales, la cifra reclamada se compone de dos partidas específicas acumuladas en la banca pública y fondos oficiales:
- $288.000 millones: Colocados en un plazo fijo en el Banco Nación dentro del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) para el pago de reintegros. La partida originaria fue de casi 148 mil millones de pesos incorporados en el Presupuesto Nacional 2023 por el exministro Sergio Massa para afrontar prestaciones de discapacidad, restituidos parcialmente y cuyo capital se incrementó por rendimientos financieros.
- $400.000 millones: Colocados en Fondos FIMA dentro del Fondo de Emergencia y Asistencia de los Agentes del Seguro de Salud (creado en 2016 bajo la Superintendencia de Servicios de Salud y derivado del Decreto 251/2019). Este monto proviene del acuerdo por 8 mil millones de pesos suscripto en septiembre de 2017 por la prepaga OSDE tras la denuncia iniciada en enero de ese año por Swiss Medical y la UFISES ante la omisión de aportes del personal voluntario.
La estrategia fue acordada durante un plenario desarrollado en la sede del Sindicato de Obreros de Maestranza (SOMRA), al que se sumaron la UOM Capital liderada por Roberto Bonetti y el respaldo institucional del Sindicato de Comercio conducido por Armando Cavalieri, entidad que administra OSECAC (la obra social de mayor cobertura del país, con 1.200.000 afiliados). Paralelamente, el escrito incluirá la exigencia de actualizar el nomenclador oficial de medicamentos administrado por el Estado, cuyo valor se mantiene congelado desde hace aproximadamente tres años y genera que las entidades recuperen apenas un 10% del gasto erogado en ese rubro.
El avance por la vía judicial significa un abierto contrapunto con la conducción de la CGT. Desde el espacio barrionuevista cuestionan la inacción de la central obrera tras celebrar tres reuniones de la mesa chica con el ministro de Salud, Mario Lugones, en la sede de la UOCRA sin obtener respuestas concretas. A la vez, Barrionuevo desestimó la huelga parcial de 2 a 4 horas propuesta por la CGT tras la visita del Papa León XIV, exigiendo en su lugar un paro general de 36 horas con movilización. Por su parte, la UTHGRA ratificó una medida de fuerza nacional para el 16 de noviembre con marcha hacia el Ministerio de Capital Humano, reclamando que la Secretaría de Trabajo homologue su reciente pauta salarial y firme la certificación de autoridades tras los comicios internos de diciembre.
El contexto financiero de las obras sociales presenta una situación de máxima vulnerabilidad. Según estimaciones de la CGT, el 90% de los recursos abonados por aportes y contribuciones al FSR —un flujo cercano a los 160 mil millones de pesos mensuales— se destina íntegramente a solventar prestaciones por discapacidad, cuyo costo promedio asciende al millón de pesos por afiliado. Esta absorción de recursos deja sin financiamiento las coberturas de alta complejidad y medicamentos de alto costo. Respecto al cuadro general, el sanitarista y asesor de la central de trabajadores, Luis Scervino, analizó: “Estamos en una encerrona. La Argentina financia la atención médica esencialmente a través de un modelo de seguridad social, es decir, con aportes y contribuciones, pero la caída del poder adquisitivo del salario, a la que se suma un aumento exponencial del gasto médico, obliga a las obras sociales a cubrirlo, y cuando no se puede por el alto costo, termina judicializándose. Esto es una olla a presión