El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín condenó a 19 expolicías bonaerenses y a seis civiles a penas de hasta 17 años de prisión por integrar una organización que extorsionaba a personas investigadas por narcotráfico, fraguaba procedimientos judiciales y se apoderaba de cargamentos de droga para luego comercializarlos. La sentencia se conoció tras casi dos años de debate oral y también ordenó profundizar la investigación sobre el exfiscal provincial destituido Claudio Scapolan y otros funcionarios.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín condenó a penas de hasta 17 años de prisión a 19 expolicías bonaerenses y a seis civiles por montar un entramado delictivo que extorsionaba a imputados por narcotráfico, fraguaba procesos judiciales y se apoderaba de cargamentos de droga para su posterior comercialización.
La sentencia fue dictada luego de casi dos años de debate oral y permitió reconstruir el funcionamiento de una organización sistemática integrada por agentes que prestaban funciones en las delegaciones de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Quilmes y San Isidro.
Según se estableció durante el juicio, los integrantes de la estructura utilizaron recursos del Estado para controlar el mercado ilegal de estupefacientes y seleccionar de manera arbitraria a los blancos de la persecución penal.
El operativo «Leones blancos» y el robo de media tonelada de cocaína
Uno de los episodios centrales analizados durante el proceso fue la maniobra conocida como «Leones blancos», un procedimiento fraguado en diciembre de 2013 en una quinta del partido de Moreno, propiedad del clan Loza.
En aquella oportunidad, la banda policial simuló el secuestro de casi media tonelada de cocaína a partir de una falsa denuncia anónima. Al mismo tiempo, se apoderó de otra media tonelada de estupefacientes que se encontraba a bordo de un vehículo perteneciente a la organización criminal.
La droga sustraída fue valuada entre 2,6 y 2,8 millones de dólares y posteriormente trasladada a la localidad de Santa Clara del Mar, desde donde fue distribuida en la costa atlántica y también ingresó al circuito internacional mediante envases termosellados.
Por este hecho, el tribunal impuso severas sanciones a la cúpula de la delegación Quilmes. El comisario Marcelo Roberto Di Rosa, el subcomisario Juan José Magraner y el subteniente Adrián Gonzalo Baeta recibieron las penas más elevadas, al ser considerados coautores de delitos como uso de documento público falso, falsedad ideológica, peculado y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada.
Las condenas también alcanzaron a otros integrantes de la misma repartición. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, los subcomisarios Juan Alberto Elizalde y Marcelo Carlos Blanco fueron sancionados con 14 años y 6 meses de prisión, mientras que la sargenta Tamara Silvina Machuca recibió una pena de 11 años de cárcel.
Extorsiones y causas judiciales fraguadas
La investigación permitió detectar además un patrón de actuación que se habría repetido en otras causas conexas, identificadas como «Bustamante», «Basaldúa», «Acosta» y «Santellán».
En esos expedientes se acreditaron maniobras de extorsión contra personas investigadas por narcotráfico, exigencias de dinero a cambio de evitar imputaciones y el armado de actuaciones judiciales con la presunta complicidad de funcionarios del sistema penal.
En relación con la estructura que operaba en San Isidro, el comisario Roberto Adrián Okurzaty fue condenado a 17 años de prisión como organizador de una asociación ilícita.
En tanto, el sargento Santiago Ignacio Cabré recibió una pena de 14 años de prisión, mientras que el teniente Mario Alberto de Armas fue condenado a 12 años.
También fueron condenados abogados
El veredicto alcanzó además al ámbito profesional y civil. Los abogados Francisco José García Maañón y Matías José Pedersoli fueron condenados a penas en suspenso e inhabilitación especial para ejercer la abogacía.
Ambos fueron considerados miembros de la asociación ilícita y partícipes en delitos de extorsión y cohecho.
Por otra parte, el tribunal absolvió a seis de los imputados y ordenó remitir las constancias de la causa a la etapa de instrucción para profundizar la investigación sobre la presunta responsabilidad del destituido exfiscal provincial Claudio Scapolan y de otros funcionarios judiciales y policiales que podrían haber estado involucrados en las maniobras.
«No se trató de hechos aislados de corrupción»
Durante su alegato, el equipo fiscal integrado por Marcelo García Berro, Guillermo Silva y Mercedes Soiza Reilly sostuvo que los hechos investigados no constituían episodios aislados de corrupción.
Los fiscales enfatizaron que se trató de la utilización coordinada de las facultades estatales para administrar de manera ilegal el tráfico de estupefacientes en la provincia.
El planteo buscó mostrar que la organización no se limitaba a obtener beneficios económicos mediante prácticas corruptas, sino que utilizaba las estructuras y herramientas del Estado para intervenir directamente en el mercado ilegal de drogas, decidir contra quiénes avanzar penalmente y apropiarse de cargamentos para su posterior comercialización.
El tribunal pidió medidas para evitar nuevos casos
Ante la gravedad institucional de los hechos descubiertos, los jueces Silvina Mayorga, Héctor Omar Sagretti y Daniel Omar Gutiérrez dispusieron remitir los fundamentos del fallo al Ministerio de Seguridad de la Nación, al Ministerio de Seguridad bonaerense y a la Procuración General provincial.
El objetivo de la medida es que esos organismos adopten medidas preventivas destinadas a impedir la repetición de este tipo de prácticas dentro de las fuerzas de seguridad.
De esta manera, el fallo no solo estableció penas para los integrantes de la organización condenados, sino que también puso el foco en los mecanismos institucionales que permitieron el funcionamiento de la estructura y abrió la puerta a nuevas investigaciones sobre otros funcionarios que podrían haber tenido participación en las maniobras.