Los efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y las fuerzas especiales desplegadas en el microcentro porteño lograron la liberación del agente que permanecía secuestrado por un grupo de detenidos en la Alcaidía 1-D, ubicada en Lavalle al 400. La toma del uniformado comenzó al mediodía, cuando las autoridades intentaron frenar un enfrentamiento entre los propios internos dentro de las celdas.
Los alojados en la seccional de Lavalle al 400 depusieron su actitud tras horas de negociación. El ministro de Seguridad porteño confirmó que la alcaidía será cerrada y que los acusados afrontarán nuevas causas por privación ilegítima de la libertad y robo.
Uno de los reclusos que participó del hecho, identificado como David, confirmó la resolución del conflicto a los medios y justificó la protesta: “Ya lo entregamos, cumplimos con nuestra parte”. Según relató el interno sobre el estado del agente y las condiciones del lugar: “No lastimamos a nadie, no tenemos ni un policía. Estamos reclamando que no tenemos ni ducha. Nos estamos ahogando, estamos en un lugar muy chiquito. Nos están tirando gas pimienta”.
Desde el Gobierno porteño reaccionaron con un amplio despliegue del SAME, los bomberos y la División de Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM). El ministro de Seguridad de la Ciudad, Horacio Giménez, explicó que la situación se originó a partir de “una pelea de reos” y que, al ingresar para separarlos, los agentes sufrieron la emboscada. Para controlar el motín, las autoridades conformaron un comité de crisis que condujo las tratativas durante toda la tarde.
Giménez detalló el estado de salud de los involucrados tras el rescate y precisó: “A partir de ello, todos los reclusos que participaron de la toma están detenidos. Ya fueron revisados por el SAME, ninguno está lastimado, todos en buen estado”. El funcionario remarcó que el desencadenante fue puntual y sostuvo que “un recluso tenía problemas con todos los demás”.
Nuevas causas judiciales y el cierre del edificio
Las autoridades informaron que la fiscalía interviniente sumará imputaciones graves contra los implicados. Giménez confirmó los delitos que se les atribuirán: “Estas personas van a ser acusadas de robo, porque le robaron al personal policial, de privación ilegítima de la libertad y de amenazas. Incluso le vaciaron la cuenta bancaria a un policía”.
“Todos van a ser trasladados y, a partir de esta noche, esta alcaidía va a estar cerrada por un tiempo”, cerró sobre las drásticas medidas que se van a tomar.
El despliegue contó con la colaboración del especialista Miguel Sileo, quien detalló la estrategia del equipo de contención durante el operativo. El negociador señaló: “La orden acá es bajar los decibeles, que todos se calmen”. Y agregó sobre la dinámica del diálogo: “Escuchamos las demandas, es un tire y afloje”.
Sileo remarcó la importancia de evitar que el conflicto escalara a niveles de violencia física. En ese sentido, puntualizó: “Buscamos generar una empatía con estas personas. Hay que hacerles entender que no tienen que sumar una nueva causa y mucho menos causar más incidentes”. De este modo, el especialista advirtió sobre la complejidad de las tratativas grupales: “Esto lleva tiempo, puede tomar hasta días. A veces hasta 72 horas. No es lo mismo discutir con una persona que con 10, se pelean entre ellos”.
Por su parte, los vecinos de la zona relataron que los disturbios comenzaron durante la madrugada previa a la toma. Un residente del edificio linderó afirmó que se escuchaban gritos desde las 4 de la mañana, mientras que familiares de otros detenidos confirmaron que la convivencia en el calabozo era insostenible por el hacinamiento y los constantes cruces entre los pabellones