El histórico reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas constituye el punto más sensible y permanente de la política exterior argentina, no solo por la profunda dimensión simbólica que tiene para el conjunto de los argentinos, sino también por la importancia geopolítica, económica y estratégica del archipiélago que el Reino Unido usurpa desde 1833.
La apelación a una resolución pacífica y diplomática a la disputa se configuró como una de las irrenunciables políticas de Estado desde la restauración democrática de 1983.
Aunque con matices en su intensidad, la reivindicación de Malvinas como territorio nacional es sostenida ante distintos organismos y foros multilaterales por todos los gobiernos que sucedieron a la última dictadura cívico militar y su fallida aventura bélica de 1982.
La empresa militar con la que el dictador Leopoldo Galtieri intentó detener el irreversible final del régimen genocida implicó un desvío en la historia de reclamos, que en 1965 derivó en la Resolución 2065 de Naciones Unidas (ONU), la primera de ese organismo en reconocer la existencia de la disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido.
Con todo, la guerra no alteró la naturaleza de la controversia por la soberanía de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, que continuó pendiente de negociación y solución.
Así lo estableció en septiembre de 1982 la Asamblea General de la ONU mediante la resolución 37/9, que reafirmó las resoluciones precedentes sobre el tema y solicitó a Buenos Aires y Londres reanudar las negociaciones para encontrar a la mayor brevedad una solución pacífica a la disputa.
Ya en democracia la Cuestión Malvinas estuvo atravesada por una política exterior pendular, entre gobiernos más proclives a un alineamiento automático con EE.UU y potencias europeas y aquellos gobiernos que fundan su integración al mundo desde posturas latinoamericanistas.
Mientras unos optaron por establecer una serie de entendimientos sobre asuntos «prácticos», relegando el reclamo a un mediano o largo plazo; otros lo ubicaron como eje central en cualquier tipo de negociación con Londres.
Raúl Alfonsín retomó la histórica reivindicación por las vías diplomáticas, y de la mano de su canciller Dante Caputo, volvió a recurrir a la ONU.
Caputo logró además sumar votos contra el colonialismo británico, por ejemplo, desde el grupo de los llamados Países No Alineados, en medio de una Guerra Fría todavía vigente entre EE.UU y sus aliados y la Unión Soviética y sus satélites.
El gobierno radical fracasó en su intención de restablecer las relaciones bilaterales con el Reino Unido, incluyendo en la agenda reiniciar las negociaciones por Malvinas, algo que fue rechazado por Londres, pero logró mantener con éxito la vigencia jurídica de la disputa.
La llegada de Carlos Menem a la Casa Rosada (1989-1999), en el contexto del fin de la guerra fría y el auge global del Consenso de Washington y el neoliberalismo, inició una nueva etapa de la política exterior, ensayando en la Cuestión Malvinas un «política de acercamiento» con Reino Unido, con eje en la cooperación.
Fueron tiempos de «relaciones carnales» con EE.UU y de una política «amigable» con Gran Bretaña, que tuvo su expresión más extrema en los ositos Winnie Pooh con los que el entonces canciller Guido Di Tella intentó «seducir» a los habitantes británicos implantados en las islas, que Londres siempre utilizó como excusa para no avanzar en el diálogo.
Con todo, en 1994, la Convención Constituyente puso en la letra de la ley suprema argentina el reclamo por las islas y que éstas debían ser recuperadas de modo pacífico.
El restablecimiento de relaciones bilaterales se producirá a través de los Acuerdos de Madrid en 1989 y 1990 bajo fórmula del paraguas de soberanía.
El gobierno de Menem firmó con Reino Unido 47 entendimientos sobre una multiplicidad de temas, 17 de ellos vinculados a Malvinas, y particularmente con cuestiones económicas que fueron especialmente problemáticas desde un inicio.
Se creó la Comisión de Pesca del Atlántico Sur para la Conservación de Recursos Pesqueros. Sin embargo, Londres promovió acciones unilaterales tanto en esa materia como en explotación hidrocarburífera, lo que derivó en el incumplimiento de normas del derecho internacional y de la resolución 31/49 de la ONU, que prohíbe innovar en el área en disputa.
Se estableció luego el «Acuerdo de Comunicaciones», que implicó un vuelo entre las Malvinas y Punta Arenas, con una escala en Río Gallegos, que habilitó nuevamente, bajo la firma de pasaportes (y bajo fórmula de soberanía), el movimiento de pasajeros entre las Islas y el continente.
La etapa iniciada en 1989 continuará hasta el 2003 con los gobiernos de Fernando De la Rúa y el de Eduardo Duhalde, en los que el acercamiento al Reino Unido sigue estructurando la relación bilateral.
Sin embargo, en 2000, a partir de las acciones unilaterales británicas, Argentina dejó de participar en la Comisión de Hidrocarburos. En tanto, el gobierno de Duhalde, sumergido en la profunda crisis argentina del año 2001, no realizó sustantivas modificaciones en la agenda Malvinas.
fuente Telam